En la víspera de la segunda vuelta presidencial, Ecuador vuelve a encontrarse frente a una elección cuya importancia excede las diferencias habituales entre dos candidatos. El país llega a las urnas después de años marcados por inseguridad, debilitamiento institucional, corrupción y una penetración cada vez más preocupante del crimen organizado. En ese contexto, resulta tentador reducir la discusión a una confrontación entre izquierda y derecha, correísmo y anticorreísmo o continuidad y cambio. Sin embargo, creo que existe una cuestión más importante: qué clase de límites estamos dispuestos a exigirle al poder, independientemente de quién lo ejerza.
La candidatura de Luisa González inevitablemente debe analizarse dentro de la tradición política a la que pertenece. Su cercanía con Rafael Correa no constituye una asociación inventada por sus adversarios, sino una parte explícita de su identidad política. Esto tampoco significa que un eventual gobierno suyo pueda considerarse, de antemano, una reproducción exacta del gobierno de Correa. Sería demasiado sencillo afirmarlo. Pero resulta igualmente ingenuo evaluar su candidatura como si aquella década no hubiera existido o como si los antecedentes de un movimiento político fueran irrelevantes cuando ese mismo movimiento aspira nuevamente a administrar el Estado.
El problema no es únicamente la corrupción
El correísmo gobernó Ecuador durante una década en la que coexistieron transformaciones importantes del Estado, inversión pública y crecimiento económico con una progresiva concentración del poder y graves casos de corrupción. Algunos de esos casos dejaron de pertenecer hace tiempo al terreno de la acusación política y terminaron en procesos judiciales y condenas. Esa distinción importa porque una democracia razonable no debería confundir la crítica legítima con la culpabilidad automática, pero tampoco debería convertir la memoria política en amnesia cada vez que comienza una nueva campaña electoral.
Por eso, mi preocupación respecto a un eventual regreso del correísmo no se limita a la posibilidad de que aparezcan nuevos casos de corrupción. La corrupción individual puede investigarse y, cuando existen instituciones suficientemente independientes, sancionarse. El problema más profundo aparece cuando las instituciones encargadas de controlar al poder pierden autonomía, porque entonces la discusión deja de ser únicamente quién cometió un delito y pasa a ser quién conserva la capacidad real de investigarlo. La independencia de la justicia, la libertad de prensa, la transparencia administrativa y la separación efectiva de poderes pueden parecer asuntos abstractos durante una campaña; dejan de serlo cuando el ciudadano necesita que el Estado se controle también a sí mismo.
Crimen organizado, política e instituciones
La expansión del narcotráfico introduce una dificultad adicional. Ecuador ya no puede tratar al crimen organizado únicamente como un problema policial, porque las organizaciones criminales necesitan dinero, información, protección y acceso a instituciones para ampliar su poder. Precisamente por eso conviene ser rigurosos: insinuar vínculos entre un movimiento político y el narcotráfico exige evidencia concreta, y una acusación de esa gravedad pierde fuerza cuando se utiliza simplemente como extensión de una disputa ideológica.
Mi objeción, por tanto, no sería que una política de izquierda conduzca necesariamente a la permisividad frente al narcotráfico. Esa relación automática es difícil de sostener. El riesgo relevante es otro: cualquier proyecto político que debilite los controles institucionales, subordine la justicia, tolere redes clientelares o convierta la lealtad partidista en criterio para administrar el Estado crea condiciones que pueden ser aprovechadas por estructuras criminales. Esto vale para la izquierda y para la derecha. El narcotráfico tiene bastante menos interés en la coherencia ideológica de un gobierno que en su capacidad para corromperlo.
Votar también es recordar
En estas circunstancias, hablar de un voto consciente no debería significar pedirle al ciudadano que vote desde el miedo, sino exactamente lo contrario. Una democracia madura exige comparar propuestas, equipos, antecedentes y compromisos institucionales sin aceptar que la propaganda de una campaña sustituya la memoria de lo ocurrido. Los antecedentes no determinan inevitablemente el futuro, pero forman parte de la información con la que razonablemente intentamos anticiparlo.
Personalmente, considero que el retorno del correísmo representa riesgos que no deberían minimizarse. Sin embargo, esa convicción me parece más defendible cuando se formula desde criterios institucionales que cuando depende de etiquetas como "comunismo", "dictadura" o "narcopolítica". Si queremos criticar una tendencia autoritaria, debemos poder señalar qué instituciones fueron debilitadas, qué mecanismos permitieron la concentración del poder y por qué podrían repetirse. De otro modo corremos el riesgo de combatir la simplificación política utilizando otra simplificación en sentido contrario.
Ecuador necesita enfrentar simultáneamente la inseguridad, la corrupción y la fragilidad de sus instituciones, y probablemente ningún presidente pueda resolver problemas de esa magnitud durante un solo mandato. Por eso la elección importa, pero también importa no atribuirle propiedades casi mágicas. Elegir correctamente no garantiza instituciones fuertes; elegir sin exigirlas puede debilitarlas todavía más.
Al votar, entonces, no elegimos únicamente entre dos nombres ni resolvemos definitivamente el conflicto político que ha dividido al país durante años. Elegimos también qué antecedentes estamos dispuestos a considerar, qué riesgos nos parecen aceptables y, sobre todo, cuánto poder queremos conceder sin controles suficientes a quienes prometen utilizarlo en nuestro nombre. En una democracia, desconfiar razonablemente del poder no es una forma de cinismo. Es una de las condiciones para que ese poder continúe siendo democrático.
